Son datos de la ONG Proyecto Esperanza-Adoratrices, que asegura que uno de los principales problemas de este delito es su “invisibilidad” y la falta de protección de las víctimas, aspectos que intenta paliar el Plan Integral contra la Trata de Personas con fines de  explotación sexual, que acaba de cumplir un año de vida.

Entre otras medidas, el plan establece la creación de centros de acogida y contempla un período de 30 días para que las víctimas de trata se recuperen y decidan colaborar con la administración de justicia bajo la protección del estado.

Además, recoge una modificación del Código Penal para extender el ‘decomiso exprés’ (requisamiento del patrimonio al inicio del proceso judicial) a los delitos de trata, a fin de facilitar el estrangulamiento económico de las redes de explotación. Por otra parte, se refiere a la necesidad de aumentar la protección a las víctimas, reforzar las inspecciones en los “locales de riesgo potencial” y mejorar la capacitación de los agentes judiciales y policiales.

Con todo, desde Proyecto Esperanza se recuerda que es necesario “seguir trabajando en la identificación de las víctimas”, ya que muchas se confunden con inmigrantes ilegales, y en el desarrollo efectivo de las medidas recogidas en el plan.